Una vez más vuelve a ponerse en evidencia, esta vez por Ceaccu, los números de tarificación adicional, es decir, números 806, números SMS premium y similares que tienen un coste considerablemente más alto que la numeración geográfica. Y esta vez, nos señalan que el 80% de los números de tarificación adicional ofertados en España no cumplen la normativa vigente.

Y es que resultan asombrosas las conclusiones del estudio realizado por esta asociación de consumidores, al alto de los números de tarificación adicional ofertados en España que no cumplen la normativa vigente, se añade el que dos de cada cuatro personas han sufrido en sus propias carnes o en su entorno un intento de engaño relacionado con los servicios de tarificación adicional.

Y no sólo las empresas privadas incumplen sus obligaciones sino que las Administraciones Públicas prestan cada vez más servicios a través de numeración con coste añadido para el usuario, incluso servicios de interés social como el 012 o el 010, lo que esta expresamente contraindicado por el Defensor del Pueblo. Si no cumplen las Administraciones, ¿ cómo van a pedir a sus administrados que cumplan?

Y es que tambien somos consumidores de la Administracion de Justicia… en cierto modo. El documento íntegro se puede descargar en el enlace al final del texto del Preámbulo.

En los umbrales del siglo XXI la sociedad española demanda con urgencia una Justicia más abierta que sea capaz de dar servicio a los ciudadanos con mayor agilidad, calidad y eficacia, incorporando para ello métodos de organización e instrumentos procesales más modernos y

avanzados. Un proyecto tan ambicioso sólo puede ser afrontado mediante un amplio acuerdo de todas las fuerzas políticas que asegure la unidad y continuidad de los esfuerzos y garantice el consenso sobre las bases del funcionamiento de este Poder del Estado. Tal es, precisamente, el objeto y finalidad del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia firmado el 28 de mayo de 2001.

Entre las prioridades del Pacto de Estado figura la elaboración de una Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia que atienda a los principios de transparencia, información y atención adecuada y que establezca los derechos de los usuarios de la Justicia. Idéntica prioridad se encuentra en el acuerdo quinto de los adoptados por la Conferencia Sectorial en materia de Administración de Justicia celebrada en Las Palmas de día 22 de mayo de 2001.

La presente Carta ha sido redactada por un Grupo de Trabajo constituido en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado, por acuerdo unánime de todos sus integrantes, en el que han intervenido representantes de los distintos Grupos Parlamentarios y del Ministerio de Justicia.

Este Grupo ha recogido las iniciativas presentadas por las fuerzas políticas de la Cámara, así como las opiniones y sugerencias de las Instituciones y organizaciones relacionadas con la Administración de Justicia. Buena parte de estas aportaciones se han integrado en el contenido de esta Carta.

Con la finalidad de conseguir una Justicia moderna y abierta a los ciudadanos, la Carta desarrolla en su primera parte los principios de transparencia, información y atención adecuada contemplados en el Pacto de Estado, destacando la importancia de conseguir una Administración de Justicia responsable ante los ciudadanos, quienes podrán formular sus quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de la misma y exigir, en caso necesario, las reparaciones a que hubiera lugar.

La segunda parte de la Carta se centra en la necesidad de prestar una especial atención y cuidado en la relación de la Administración de Justicia con aquellos ciudadanos que se encuentran más desprotegidos. En primer lugar, la víctima del delito, sobre todo en los supuestos de violencia doméstica y de género. En segundo término, los menores de edad, para evitar que se vea afectado su correcto desarrollo evolutivo. En tercer lugar las personas que sufran una discapacidad sensorial, física o psíquica, para superar sus problemas de comunicación y acceso a los edificios judiciales. Finalmente los extranjeros inmigrantes en España a quienes se debe asegurar la aplicación de los principios y derechos recogidos en esta Carta.

La Carta se ocupa en su tercera parte de aquellos derechos que son característicos de la relación del ciudadano con los Abogados y Procuradores, habiendo resultado especialmente útiles en esta materia las aportaciones recibidas del Consejo General de la Abogacía y del Consejo General de Colegios de Procuradores de los Tribunales de España.

Finalmente, la Carta de Derechos concluye con una previsión relativa a las condiciones necesarias para su eficacia. De este modo, se proclama la exigibilidad de los derechos reconocidos y la vinculación a los mismos de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, Abogados, Procuradores y demás personas e Instituciones que cooperan con la Administración de Justicia. Asimismo se encomienda a la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados el seguimiento y evaluación del desarrollo y cumplimiento de esta Carta.

Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia

El sistema arbitral de consumo es un medio único para resolver los conflictos entre consumidores y empresarios o profesionales de una manera rápida, en el plazo máximo de 4 meses desde que se inicia el expediente.

Otra de sus notas características es la gratuidad del procedimiento para ambas partes, tanto para consumidor como para empresario, evitando igualmente el acudir a la vía judicial ordinaria con el coste que ello supone. No obstante, la decisión adoptado por el colegio arbitral, llamada Laudo, tiene carácter ejecutiva, siendo de obligado cumplimiento para ambas partes.

Ahora bien, la elección de este medio es voluntaria pues ambas partes se deben adherir libre y expresamente al sistema arbitral. Esta adhesión viene recompensada por la imparcialidad del órgano arbitral pues hay un representante de los consumidores y otro del sector empresarial implicado, además del presidente.

En primer lugar, cuando ambas partes deciden adherirse al sistema arbitral se intenta una avenencia. Si no se consigue, se celebra la vista, en la que cada parte plantea sus argumentos y se dicta un laudo de cumplimiento obligado.

Recientemente ha entrado en vigor la Instrucción 1/2006 de la Agencia Española de Protección de Datos que que regula el tratamiento de imágenes de personas físicas identificadas o identificables con fines de vigilancia, a través de sistemas de cámaras y videocámaras.

Esta normativa es consecuencia directa del fuerte incremento de la presencia de cámaras de seguridad en todos los ámbitos, grabando tanto en espacio públicos como privados y que suponenun evidente riesgo para la privacidad de las personas. Pensemos en cúantos lugares de los que visitamos habitualmente disponen de estos dispositivos: bancos, comercios en general, urbanizaciones, gasolineras, etc… Los datos en principio van a ser usado únicamente con la finalidad de uan supuesta seguridad pero no cabe duda de que se le pueden dar infinidad de usos no relacionados con este fin.

Una de las principales consecuencias de la entrada en vigor de esta Instruccion es que los responsables que cuenten con sistemas de videovigilancia deberán cumplir con el deber de información previsto en la LOPD, colocando en las zonas videovigiladas, al menos un distintivo informativo ubicado en lugar suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cerrados.

Además, sólo se considerará admisible la instalación de cámaras o videocámaras cuando la finalidad de vigilancia no pueda obtenerse mediante otros medios que, sin exigir esfuerzos desproporcionados, resulten menos intrusivos para la intimidad de las personas y para su derecho a la protección de datos de carácter personal.

Más información en la Web de la AEPD en www.agpd.es

Constantemente aparecen en prensa noticias respecto a los emplazamientos escogidos por las operadoras para situar sus antenas de telefonía móvil y los problemas que encuentran en diversos municipios de la geografía española para su despliegue. Todo este “problema” parte del supuesto riesgo para la salud que las emisiones de estas estaciones base pueden plantear para el ser humano.

Tenemos litigios como el de Valladolid, en el que en el Colegio García Quintana se han detectado una serie de problemas en la salud de trabajadores y alumnos que desde ciertos colectivos se relacionan con las emisiones de unas antenas situadas en un edificio colindante. No obstante, en este caso, en via judicial se han desestimado las peticiones de clausura de los emplazamientos por no considerarse probado el riesgo para la salud. Aun así, en un informe elaborado por una comision de expertos creada al efecto se recomendó no volver a instalar las antenas.

Y es que parece un asunto que no es de actualidad pero aun hoy, despues de más de cinco años desde que comenzaron las denuncias sobre los posibles efectos de las antenas, no se ha solucionado el tema. Un ejemplo de ello son las constantes denuncias recogidas en Torrelavega respecto a una antena en el Barrio de Covadonga o el intento del Ayuntamiento de Málaga por entrar a regular la instalacion de las mismas que ha sido declarado ilegal recientemente.

Todo esto nos lleva a una noticia aparecida hoy en el diario Expansion en la que se hace mención a la sentencia de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Murcia la que se decreta el pago de una indeminización de más de 300.000 € a una operadora por haber impedido el despliegue de sus red en el municipio.

En definitiva, como recoge acertadamente el autor de la noticia de Expansión, todo se puede sintetizar en lo siguiente:

“Las compañías buscan incrementar su cobertura y elevar el número de estaciones base para poder presentar los nuevos servicios de acceso a Internet de alta velocidad. Los municipios, mientras, utilizan la paralización de antenas como arma política, ante la elevada sensibilidad de la población sobre unos supuestos efectos nocivos de las instalaciones. “

Este campo está plagado de incognitas para todos los elementos en conflicto: operadoras, consumidores, ayuntamientos, ciudadanos… Pero hay algo claro, todos queremos usar el servicio de telefonía móvil con la mejor calidad y en cualquier emplazamiento y para esto hacen falta antenas… ¿ cúal será el compromiso?

El Parlamento Europeo adoptó el pasado 24 de abril de 2007 la propuesta de Directiva sobre servicios de pago, respecto de la cual el Consejo ECOFIN había acordado ya una orientación general en su reunión de 27 de marzo de 2007. Este texto, una vez aprobado, se remitirá al Consejo de la UE para su adopción definitiva. Los Estados miembros habrán de transponer la Directiva a sus respectivas legislaciones nacionales tan pronto como sea posible y, a más tardar, el 1 de noviembre de 2009.

El objetivo de la Directiva es garantizar que los pagos en el ámbito de la UE —en particular las transferencias, los adeudos directos y los pagos efectuados con tarjeta— puedan realizarse con la misma facilidad, eficiencia y seguridad que los pagos nacionales internos de los Estados miembros, estableciendo el marco jurídico necesario para la creación de la Zona Única de Pagos para el Euro (SEPA). La Directiva reforzará los derechos y la protección de todos los usuarios de los servicios de pago (consumidores, minoristas, pequeñas y grandes empresas y autoridades públicas).

El BCE y la Comisión Europea estiman que la adopción de la Directiva por el Parlamento Europeo constituye un paso decisivo para la creación de la SEPA. La Directiva, al armonizar el marco jurídico aplicable, facilitará en gran medida la aplicación operativa de los instrumentos de la SEPA en el sector bancario, además de su adopción por parte de los usuarios finales, lo que sentará las bases para un mercado único «interno» de pagos en euros. Asimismo, puesto que en ella se establece un marco prudencial apropiado para los nuevos participantes en el mercado de pequeños pagos, la Directiva reforzará la protección de los consumidores y fomentará la competencia y la innovación, incentivando así el progreso tecnológico y el desarrollo de nuevos productos, como la facturación electrónica, que pueden reportar notables beneficios a la economía en su conjunto.

Hasta el momento, el Consejo Europeo de Pagos y el sector bancario europeo han logrado progresos significativos hacia la creación de la SEPA. Mediante la propuesta de la Directiva adoptada por el Parlamento Europeo, el BCE y la Comisión Europea instan a la comunidad bancaria y a todas las partes interesadas a mantener su interés y a intensificar los trabajos preparatorios necesarios para el establecimiento de la SEPA antes del 1 de enero de 2008, y su posterior aplicación de forma oportuna y eficaz. El BCE y la Comisión Europea seguirán apoyando estos esfuerzos.

Mas informacion en Europa.eu y en Parlamento Europeo.

Finalmente se ha decidido dar los pasos necesarios para poner freno a los abusos con los servicios premium de mensajes cortos ante los abusos continuados de gran parte de los agentes del mercado.

El Ministerio de Industria, ha anunciado una Orden Ministerial que busca atajar los problemas sufridos por los usuarios, de naturaleza parecida a los existentes hace unos años en los servicios de tarificación adicional vocales.

Esta normativa obligará a los operadores a garantizar a sus abonados el derecho a la desconexión de los servicios de tarificación adicional prestados a través de mensajes cortos, tal y como se viene haciendo para los servicios de voz. Además, los titulares de los números de servicios de SMS Premium deberán enviar a los usuarios un mensaje informativo sobre su identidad y el precio del servicio suministrado.

Una medida adicional consiste en que la nueva numeración para la prestación de los servicios de tarificación adicional pasa de las cuatro cifras actuales a cinco o seis, de manera que las primeras cifras indicarán el rango de precios y el tipo de servicio, impidiendo la confusion que se genera con los servicios propios de las operadoras de telefonia móvil.

Y es que la cuestión no es baladí, en el año 2006 el sector de los SMS premium facturó más de 1600 millones de Euros, un mercado nada desdeñable.

Tal y como se detalla en su página web, la Cátedra Euroamericanana de protección jurídica de los consumidores UC-Gobierno de Cantabria pretende crear un foro universitario de investigación y desarrollo en materia de protección y defensa de los consumidores desde el punto de vista legal, para lo cual prevé la creación de una red de las más prestigiosas universidades de América Latina coordinadas por la Universidad de Cantabria desde la que se afronten proyectos en común que propicien, a medio y largo plazo, la mejora en el nivel de protección jurídica de los consumidores y usuarios.

En el seno de esta Cátedra, la Universidad de Cantabria albergará el próximo mes de abril el I Congreso Euroamericano de Proteccion Jurídica de los Consumidores en el que se tratarán temas tan de actualidad como la insolvencia de las familias o tan interesantes como la Protección de los Consumidores.

Mas información.

Y es que las Hojas de Reclamaciones no sólo se pueden presentar cuando aparece algún problema con alguna empresa privada, también se puede hacer cuando no estamos de acuerdo con los servicios prestados por una Administracion pública (AAPP).

El procedimiento y consecuencias no es el mismo pero, aun así, la mayoría de las AAPP disponen de Hojas de Reclamaciones o sugerencias a disposición del ciudadano donde poder mostrar nuestra disconformidad con el servicio prestado. Una Administración nos está prestando servicios a los que esta obligada y que sufragamos con nuestros impuestos, de esta forma, ¿no debería de ser la atención prestada incluso mejor que en la empresa privada?

En el caso del Gobierno de Cantabria, para presentarla no hay mas que ir a un Registro, mandarla por correo postal o incluso por fax. El formulario se puede descargar desde AQUI

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Las instituciones europeas, aunque puedan parecer algo tan lejano y que carecen de importancia en el día a día de los consumidores, van progresivamente incidiendo de manera directa en la vida del consumidor. Hoy en día ya no sólo compramos en el comercio de la esquina o en el centro comercial de las afueras, lo hacemos también a través de Internet y ello significa que podemos estar comprando fuera de nuestra regiín o incluso de nuestro país.

Ante esta nueva realidad, la Dirección General de Salud y Consumidores de la Comisión Europea está trabajando en unificar los derechos de los usuarios en Europa y, además, extender las obligaciones de los profesionales a las ventas online, de forma que ciudadano que compre en otro estado miembro (física o virtualmente) tenga un nivel de protección similar.

Fruto de estos esfuerzos son el Libro Verde que se ha adoptado recientemente por la Comisión en esta materia o este interesante documento donde se analizan los derechos más importantes que como consumidor se tienen en la UE.

Y es que nunca está de más informarse… e incluso opinar pues con el la publicación del el Libro Verde se abre un periodo en el que se aceptan propuestas en la Comisión respecto a futuras actuaciones.